Por pedido de fiscales, una jueza ordenó obras urgentes para mejorar las condiciones de los reos.

MENDOZA.- Jaulas a la intemperie, celdas destrozadas y en penumbras; escasez de agua y baños fétidos; alimentos que no llegan y que, cuando lo hacen, son prácticamente incomibles; atención médica ineficiente y encierros ilimitados. Una vez más Mendoza quedó en el ojo de la tormenta por las condiciones inhumanas en las que viven los presos de los dos principales complejos carcelarios de la provincia.

Ante esta cruda realidad, el fiscal general de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y su par ante la Cámara Federal provincial, Dante Vega, denunciaron penalmente a las autoridades penitenciarias locales y presentaron un hábeas corpus para exigir una «reparación urgente» por la violación de los estándares fijados por las Naciones Unidas (ONU).

Ayer, la jueza de Ejecución Penal de Mendoza, Mariana Mercedes Gardey Merino, hizo lugar al pedido y ordenó que con carácter «urgente» se lleven a cabo una serie de reparaciones en las alas II y IV del Complejo Penitenciario III de Almafuerte, donde constató que las deficientes condiciones de detención tornan «cruel, inhumano y degradante» el cumplimiento de la pena. Entre otras medidas, prohibió el uso como hábitat de alojamiento de los «jaulones» ubicados en la entrada del módulo V. El 10 de junio pasado, cuando los fiscales y representantes del Sistema Interinstitucional de Control de Unidades Carcelarias -que preside el juez federal de Casación Gustavo Hornos- hicieron la inspección, encontraron a tres detenidos alojados a la intemperie, en medio del frío, en una celda confeccionada sin paredes, «cuyas estructuras y materiales coinciden exactamente con las de una gran jaula».

Ordenó también a las autoridades penitenciarias la presentación -en un plazo de 48 horas- de un cronograma de obras que implique la reparación simultánea de celdas, de la calefacción, del sistema sanitario, eléctrico y la instalación de vidrios. Dispuso, además, la limpieza y el mantenimiento permanente de las duchas y la realización de las gestiones correspondientes para garantizar la cirugía a la que debe someterse un detenido.

Los fiscales generales decidieron accionar judicialmente luego de una inspección integral en el Complejo Penitenciario I Boulogne Sur Mer y el Complejo Penitenciario II San Felipe, donde constataron que no se cumple con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la ONU. «Estas situaciones colocan en riesgo la salud de los detenidos», señalaron.

La provincia ya ha sido condenada y viene dando explicaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por diversas presentaciones de abogados y organizaciones sociales a raíz del estado de los penales, las condiciones de los reclusos y las condenas de menores a prisión perpetua. Para enfrentar esos cuestionamientos y evitar una nueva sentencia en su contra, el gobierno elaboró un plan de mejoras con una inversión de 120 millones de pesos para obras, la edificación de un nuevo penal y el cumplimiento de una ley sobre prisiones preventivas.

Respuesta oficial

En diálogo con LA NACION, el titular del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, admitió las falencias. «Trabajamos todos los días tratando de que se cumplan todas las leyes. Hemos tomado la denuncia como una línea de trabajo a solucionar en el corto plazo. De todas maneras, la Procuvin estuvo en lugares muy específicos, los peores que tenemos, con mucha gente en conflicto, donde hay alta rotación pero con ciclos muy cortos de vandalismo y mantenimiento», indicó.

En San Felipe, el peor escenario se observó en el pabellón 5-B, donde residen los detenidos con sanciones disciplinarias o bajo medidas de resguardo de integridad física, quienes se quejaron a los gritos de las condiciones que deben soportar a diario. «Las pésimas circunstancias registradas abarcan todos los aspectos que hacen al régimen de encierro, afectando su vida e integridad», se rubricó en el informe oficial.

Los presos afirman que no tienen ninguna actividad recreativa, educativa o laboral y que pasan 23 horas diarias en las celdas. Contaron que deben vivir con un balde de agua para tres días de encierro, que no reciben elementos de higiene o aseo personal y que la comida es literalmente «incomible». Asimismo, se corroboró que no cuentan con indumentaria de invierno para hacer frente a las bajas temperaturas.

«La instauración de condiciones inhumanas referidas al espacio físico de detención (lugar insalubre, deterioro) y al destrato dispensado (falta de higienización y de obras que reparen los elementos deteriorados) contribuye al establecimiento de una situación que es constitutiva del delito de tortura y por la que deben responder los sujetos activos que se encontraban a cargo de la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos», señalaron los fiscales.

En cuanto a Boulogne Sur Mer, el mayor grado de hacinamiento se detectó en el pabellón 18. «Todo el pabellón se encuentra en pésimas condiciones de higiene, se observaron en el piso restos de suciedad, alimentos en estado de descomposición y agua estancada que inunda importantes partes del patio. Luego se constató que también hay celdas inundadas», indicó la denuncia. Los reclusos afirmaron que deben permanecer todo el día dentro de sus celdas y cuestionaron el régimen de visitas, que deben cumplir en «jaulones» a la intemperie, en medio del frío y de la lluvia.

«Hay que enfocarse en bajar la sobrepoblación, que es el mayor flagelo, ya que hay casi 500 personas del sistema federal. La realidad es que la humanidad no tiene definido qué quiere hacer con las cárceles en el mundo. Es una institución pública que hay que administrar de la mejor manera para lograr resultados, que luego también se evalúan de acuerdo con particularidades. Haremos lo que nos requiera la Justicia, nos haremos responsables y daremos las explicaciones», concluyó Orellana.

En las redes sociales no quieren mejoras

Tras conocerse la intimación de los fiscales, las redes sociales explotaron con una mayoría de mensajes en contra de que se mejoren las condiciones de vida de los presos.

«Hay que pensar que para muchos de ellos esto es mucho más de lo que merecen. Dejaron muertos, familias destruidas para siempre, hijos que no nacerán, nietos que no conocerás y más, mucho más», expresó indignado Osvaldo Quiroga, de la Asociación de Víctimas del Delito y padre de Matías, un joven de 21 años que fue asesinado en 2012 por una banda que le robó el auto para, luego, cometer un asalto.